El paro de transportistas convocado para mañana, jueves 6 de febrero, generó una fuerte división en el sector. Mientras un grupo de conductores insiste en la protesta, aparentemente la mayoría decidió no acatar la medida. Según Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, “el 80 % del transporte urbano en Lima y Callao trabajará con normalidad”, por lo que el servicio no se vería gravemente afectado.
La movilización viene siendo impulsada por la Alianza Nacional de Transportistas (Anitra), pero no cuenta con respaldo unánime dentro del gremio. Organizaciones como la Coordinadora de Empresas de Transporte de Lima y Callao ya descartaron su participación, argumentando que detrás del paro existirían “intereses ajenos” a las verdaderas preocupaciones del sector.
Ojeda señaló que los principales promotores de la protesta pertenecen al transporte informal. “Nosotros no vamos a participar, y muchos otros gremios tampoco. Los únicos formales que van a sumarse son los de Anitra, un gremio de combis y cústers, que lamentablemente tiene una conducta informal”, declaró a Radio Nacional.
El dirigente aseguró que, aunque el problema de la extorsión es real y debe ser combatido, la protesta no responde a un fin legítimo. “La fachada es el tema de la extorsión, pero la movilización no se hace con un objetivo claro”, sostuvo.
Infiltración política
Otro punto de controversia es la posible influencia de grupos políticos en la convocatoria. Ojeda alertó que sectores vinculados a movimientos radicales estarían utilizando la crisis de seguridad para generar inestabilidad.
En ese sentido, hizo un llamado al Gobierno para garantizar el orden público y evitar bloqueos. “El ministro del Interior (Juan José Santiváñez) debe coordinar y dar protección a los transportistas formales para que la población pueda movilizarse”, enfatizó.
Extorsión y crisis
A pesar de las diferencias sobre la protesta, el problema de la extorsión sigue siendo una preocupación real compartida por el gremio. Ojeda explicó que las bandas criminales han convertido este delito en un mecanismo sistemático de presión económica sobre transportistas, obligándolos a pagar cupos para operar con normalidad.
“En el transporte urbano, la extorsión ya está dentro de los costos operativos. En el interprovincial, siete de las 20 empresas que desembarcaban en Huaycán han sido atacadas”, afirmó.
Además, detalló que en distritos como San Juan de Lurigancho, Villa El Salvador y Comas, la situación es crítica. En el último mes, se reportaron al menos nueve atentados contra unidades de transporte en Huaycán.
Por su parte, Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte de Lima y Callao, destacó que su gremio, que agrupa a más de 70 empresas y 7 mil vehículos, no respaldará el paro. Según explicó, la movilización no representa las verdaderas demandas del sector y ha sido convocada por grupos con intereses particulares.
“Nosotros no vamos a parar. Hay un grupo de personas que está utilizando la crisis de seguridad para justificar una medida que no responde a los intereses reales del gremio”, afirmó. En tanto, advirtió que la situación ha empeorado en los últimos meses y que evaluarán medidas de protesta distintas para exigir soluciones concretas al gobierno de la presidenta Dina Boluarte.
Gobierno reitera su postura
Desde el Ejecutivo, el ministro de Educación, Morgan Quero, reafirmó la necesidad de seguir trabajando y rechazó la paralización. “Todos los peruanos tenemos que trabajar y no podemos parar”, expresó. Además, señaló que la presidenta Dina Boluarte ha sostenido reuniones con diversos gremios para atender sus reclamos.
El funcionario aseguró que se han logrado avances en la lucha contra la delincuencia y que se han desarticulado varias organizaciones criminales. “Estamos teniendo logros en materia de seguridad. Se están capturando a las bandas correspondientes y esa delincuencia es la que hay que combatir”, sostuvo.
A pocas horas de la fecha programada para el paro, el panorama sigue dividido. Mientras algunos transportistas insisten en la protesta, la mayoría continuará aparentemente operando con normalidad.